Orden de arresto internacional contra el presidente de la ONG Transparencia Internacional, Daniel Lebègue

El empresario francés Daniel Lebègue, presidente de Transparencia Internacional Francia, en busca y captura.

Un juzgado de Guinea Ecuatorial ha emitido una orden internacional de busca y captura contra el presidente de la ONG Transparencia Internacional en Francia (TI-F), Daniel Lebègue, investigado en este país por difamación al haber acusado públicamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial de corrupción a pesar de que  Technip – empresa de ingeniería para la que trabaja – haya firmado contratos millonarios para desarrollar plataformas petroleras en este país.

El juzgado de instrucción número 1 de Malabo ha remitido a la policía guineana y a la Interpol un mandamiento en el que se recoge la orden de búsqueda de Lebègue después de que éste haya declinado acudir ante la Justicia guineana tras diversos requerimientos, asegura las autoridades guineanas en un comunicado.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial afirma que el que fuera vicepresidente del Banco Nacional de París viene escondiéndose bajo el paraguas de empresario, cuando en realidad se trata de un individuo altamente peligroso que, desde hace varios años, se dedica a actividades empresariales ilícitas y mafiosas, que en un intento de camuflar las mismas, emprende prácticas de calumnias e injurias contra personalidades e instituciones de la República de Guinea Ecuatorial, que intenta averiguar la naturaleza de sus negocios.

 En el mismo comunicado, las autoridades guineanas añaden que Daniel Lebègue ha amasado fraudulentamente enormes beneficios económicos a través de la empresa francesa Technip SA y varias subcontratas obtenidas de las empresas petrolíferas.

Esta orden de busca y captura se produce después de que hace escasos días se hiciera público que el presidente de Transparencia Internacional Francia cesará en su cargo como consejero Technip tras conocerse las investigaciones judiciales que pesan sobre él y a la incompatibilidad de su cargo en la constructora de plantas petrolíferas y el de presidente de la mencionada ONG.

La decisión del juzgado de Malabo obedece a la querella que el fiscal general de Guinea Ecuatorial, David Nguema Obiang, interpuso contra Lebègue por calumnias e injurias por afirmar que en Guinea no se podía hacer negocios sin corrupción pasando por alto las inversiones que ha llevado a cabo en este país y más concretamente a través de la firma Technip.

En enero del año 2010, Technip, firmó sendos contratos a través de la petrolera norteamericana Noble Energy  que ascienden a 230 millones de dólares. La americana adjudicó a Technip un contrato para el desarrollo industrial de la plataforma de la petrolera en el campo Aseng, ubicado en alta mar para la extracción a una profundidad de aproximadamente 1.000 metros. De estos contratos, se derivaron otros para Duco, filial norteameericana de Technip.

Durante los últimos días, la Justicia está acorralando a los acosadores del Gobierno de Guinea. De hecho, Lebègue ya tuvo que acudir hace escasos días ante un juzgado de instrucción francés para responder en calidad de imputado ante las sospechas de difamación por acusar al Gobierno de Guinea Ecuatorial de malversar fondos públicos.

 Lebègue fue requerido por un juzgado de instrucción francés como consecuencia de la querella por difamación presentada por Teodoro Nguema Obiang Mangue, más conocido como Teodorín, vicepresidente e hijo del presidente de Guinea, después de que el empresario lo acusara a él y a su familia de adquirir bienes personales en Francia con fondos públicos.

 Lebègue y su abogado, William Bourdon (también presidente de la Asociación Sherpa) siempre han sostenido que las acusaciones contra la familia del presidente de Guinea han sido vertidas desde su cargo como presidente de Transparencia Internacional en Francia y no como consejero de Technip, intentando ocultar de esta forma los intereses económicos que el empresario francés ha tenido durante nueve años en el país africano

 El que fuera presidente del Instituto Francés para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales es el impulsor del procedimiento judicial iniciado en 2008 contra los jefes de Estado de Guinea Ecuatorial, de Congo Brazzaville y de Gabón por los bienes que tienen en Francia.

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